Agentes de la Policía Nacional han detenido en Alcoy a un hombre de 59 años acusado de empadronar presuntamente de forma ficticia a ciudadanos extranjeros a cambio de dinero para facilitarles la realización de trámites relacionados con su documentación.

La investigación permitió comprobar, según ha informado la Policía, que algunas de las personas inscritas en la vivienda habrían abonado 250 euros para figurar empadronadas en ese domicilio, pese a que no residían en él.

Al arrestado se le atribuyen presuntamente delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros y de falsedad documental.

La investigación comenzó después de que un hombre acudiera a dependencias policiales para solicitar información sobre los trámites necesarios para realizar una carta de invitación a un ciudadano extranjero.

Al revisar la documentación que llevaba consigo, los agentes observaron que en el certificado correspondiente al domicilio aparecían empadronadas, en distintas fechas, varias personas de nacionalidad extranjera.

Esta circunstancia llevó a la Policía Nacional a realizar comprobaciones para determinar si esas personas vivían realmente en la vivienda. Las pesquisas concluyeron, según el cuerpo policial, que ninguna de las personas investigadas que figuraban inscritas en el padrón residía en ese domicilio.

Pagos para obtener el empadronamiento

La investigación avanzó hasta determinar que algunas de esas personas habrían pagado 250 euros a cambio de poder empadronarse en la vivienda y utilizar posteriormente el certificado para realizar trámites administrativos relacionados con su documentación.

Según sostiene la Policía Nacional, el investigado habría actuado con ánimo de lucro y facilitado empadronamientos ficticios a ciudadanos extranjeros en situación irregular, proporcionándoles así documentación que podían emplear en procedimientos de extranjería.

Tras reunir los indicios, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto responsable de los dos delitos investigados.

Una vez practicadas las diligencias policiales, las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Instrucción en funciones de Guardia de Alcoy.

La Policía Nacional ha aprovechado el caso para recomendar que los trámites administrativos se realicen siempre mediante canales oficiales, evitando intermediarios no autorizados que soliciten pagos. También aconseja comprobar que las páginas web, teléfonos, correos electrónicos y oficinas utilizados pertenezcan realmente a la administración correspondiente y evitar facilitar datos personales a terceros.