La Generalitat ha puesto en marcha una nueva línea de ayudas para proteger a los propietarios afectados por la ocupación ilegal de viviendas en la Comunitat Valenciana, financiando tanto los gastos de asesoramiento jurídico necesarios para recuperar los inmuebles como las reparaciones por los posibles daños ocasionados.

La convocatoria de la Vicepresidencia Primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad dispone inicialmente de 250.000 euros, ampliables hasta 750.000 euros.

Las ayudas alcanzarán un máximo de 500 euros para sufragar servicios de asesoramiento legal relacionados con el desalojo o la recuperación de la posesión y hasta 1.500 euros por beneficiario para reparar los daños ocasionados en la vivienda ocupada.

Quién puede solicitar las ayudas

Podrán acogerse a esta convocatoria las personas propietarias o usufructuarias de una vivienda situada en la Comunitat Valenciana que haya sido objeto de ocupación ilegal.

Además, deberán contar con vecindad administrativa en la Comunitat Valenciana desde al menos un año antes de presentar la solicitud.

Entre la documentación requerida figura el título que acredite la propiedad o el derecho de usufructo sobre el inmueble, la acreditación de la ocupación ilegal mediante denuncia o demanda y los justificantes del coste de los servicios profesionales para los que se solicita la ayuda.

El plazo permanecerá abierto hasta el 10 de septiembre y la tramitación podrá realizarse preferentemente a través de la sede electrónica de la Generalitat.

Un millón de euros en los presupuestos de 2026

La vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha señalado que la iniciativa pretende proporcionar una respuesta jurídica y económica a los propietarios y reforzar su seguridad jurídica.

La responsable autonómica ha enmarcado estas subvenciones dentro del Plan Integral contra la Ocupación de Viviendas del Consell, que incluye diferentes medidas frente a la ocupación ilegal y la denominada inquiocupación.

Camarero ha defendido que la actuación frente a estos fenómenos debe ser compatible con las políticas sociales de acceso a la vivienda y ha relacionado parte del problema con las dificultades existentes para acceder a un inmueble.

La Generalitat prevé elevar durante 2026 hasta un millón de euros la partida destinada al asesoramiento jurídico para recuperar viviendas y reparar daños derivados de ocupaciones.

Dos millones para reforzar la seguridad de los propietarios

Paralelamente, el Consell aumentará hasta otro millón de euros las ayudas destinadas al fomento del alquiler y la cobertura frente a impagos, de forma que ambas líneas alcanzarán conjuntamente los dos millones de euros.

A estas actuaciones se suma la Oficina de Atención a las Víctimas de Ocupación, que ya se encuentra operativa y ofrece asesoramiento, prevención y atención integral y gratuita en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

La Generalitat sostiene que el objetivo de estas medidas es mejorar la prevención, agilizar la respuesta ante las ocupaciones y reforzar la protección de los propietarios, al tiempo que desarrolla otras políticas destinadas a incrementar la oferta de vivienda y facilitar el acceso de los jóvenes.