La Policía Nacional ha detenido en Alicante a dos hombres, de 21 y 31 años, propietarios de dos bazares, como presuntos autores de un delito contra los derechos de los trabajadores y, en el caso de uno de ellos, también de un delito de lesiones, tras la denuncia presentada por dos de sus empleadas.

La investigación se inició después de que una trabajadora denunciara haber sufrido durante un año una situación de explotación laboral y un trato degradante por parte de sus jefes, quienes, según su relato, se aprovecharon de que se encontraba en situación administrativa irregular en España.

Según la investigación policial, la mujer había acordado inicialmente una jornada de ocho horas diarias por un salario de 40 euros al día, pero posteriormente fue obligada a trabajar entre 11 y 12 horas diarias, de lunes a domingo y sin disfrutar de días de descanso durante un año. La denunciante aseguró además que no estaba dada de alta y que era objeto de insultos y descalificaciones constantes.

La víctima también manifestó que los responsables vigilaban permanentemente a las empleadas mediante cámaras de seguridad, controlando incluso las conversaciones que mantenían entre ellas.

Agresiones físicas y amenazas

La denunciante afirmó que uno de los investigados llegó a propinarle un codazo en la barbilla durante una discusión, lo que obligó a la trabajadora a recibir asistencia médica. También aseguró que decidió denunciar los hechos después de conocer que otra compañera había sido agredida en un brazo y de que el mismo empresario le escupiera en la cara cuando recriminó esa actuación.

Según la Policía, la mujer no denunció antes por miedo a las amenazas de sus empleadores, quienes presuntamente le advertían de que, si acudía a las autoridades, la denunciarían por encontrarse en situación irregular y sería deportada.

Las gestiones realizadas por la Unidad Contra las Redes de Inmigración y Falsedad Documental (UCRIF)permitieron comprobar que la trabajadora no había estado contratada durante el tiempo que prestó servicio en los establecimientos.

Además, la Policía señala que uno de los detenidos había sido arrestado anteriormente por una presunta agresión sexual a otra empleada y que actualmente se encontraba en libertad con medidas cautelares por esa causa.

La investigación también recoge que, cuando la trabajadora abandonó el empleo, los empresarios presuntamente le adeudaban 1.750 euros, correspondientes a parte de los salarios de abril y mayo y al reintegro de un pago que la propia empleada había adelantado para abonar mercancía a un proveedor.

Los dos detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de guardia de Alicante, que continuará con la investigación judicial del caso.