El Consell ha autorizado a la Abogacía General de la Generalitat a ejercer la acción popular en los procedimientos judiciales abiertos por los asesinatos de Patricia P.M., en Callosa de Segura, y de María Lourdes M.T. y su hija Lucía F.M., en la pedanía alicantina de la Cañada del Fenollar, al ser considerados casos de violencia sobre la mujer.

La decisión responde a la propuesta formulada por la Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad con el objetivo de reforzar la respuesta institucional frente a la violencia machista y mostrar el rechazo de la Generalitat ante este tipo de crímenes.

Los asesinatos tuvieron lugar durante los meses de junio y julio de este año y forman parte de los procedimientos penales en los que la administración autonómica ejercerá la acción popular.

Rechazo institucional a la violencia machista

Desde la Generalitat recuerdan que la violencia sobre la mujer constituye un problema social de interés general que obliga a las administraciones públicas a actuar de forma activa para lograr su erradicación.

Con esta actuación, el Consell pretende aunar esfuerzos institucionales y visibilizar el rechazo conjunto frente a cualquier asesinato de mujeres o de sus hijos e hijas como consecuencia de la violencia machista en la Comunitat Valenciana.

Amparado por la legislación autonómica

La actuación está respaldada por la normativa autonómica en materia de igualdad y violencia sobre la mujer.

En concreto, el artículo 36 de la Ley 9/2003, de Igualdad entre Mujeres y Hombres, permite a la conselleria competente proponer al Consell el ejercicio de la acción popular en los casos de agresiones físicas que provoquen la muerte o lesiones graves a mujeres residentes en la Comunitat Valenciana.

Asimismo, la Ley 7/2012, Integral contra la Violencia sobre la Mujer en el ámbito de la Comunitat Valenciana, establece que la Generalitat ejercerá la acción popular en todos los procedimientos penales relacionados con delitos de violencia sobre la mujer con resultado de muerte, así como en aquellos casos que generen una especial alarma social o provoquen lesiones graves e invalidantes.

Defensa jurídica de la Generalitat

La representación y defensa de la Generalitat en estos procedimientos corresponderá a la Abogacía General de la Generalitat, tal y como establece la Ley 10/2005, de Asistencia Jurídica de la Generalitat.

Con esta decisión, el Consell reafirma su compromiso con la protección de las víctimas, el apoyo a sus familias y la lucha contra la violencia machista, participando activamente en los procesos judiciales relacionados con estos crímenes.