La Comunitat Valenciana, Andalucía, Galicia, Murcia, Baleares y Cantabria han reclamado de forma conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que traslade a la Comisión Europea las alegaciones presentadas por estas autonomías al proyecto de modificación del Reglamento General de Costas. Las seis comunidades consideran esencial que Bruselas disponga de toda la información antes de adoptar una decisión sobre el procedimiento de infracción abierto contra España.

Seis comunidades con litoral piden que sus objeciones formen parte del expediente europeo

La iniciativa ha sido impulsada por el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación de la Generalitat Valenciana, Vicente Martínez Mus, junto a los responsables autonómicos competentes en materia de litoral de Andalucía, Galicia, Murcia, Baleares y Cantabria.

Las comunidades firmantes, que representan a la mayoría de los territorios españoles con litoral, solicitan que las alegaciones formuladas durante el trámite de información pública sean incorporadas íntegramente al expediente europeo relacionado con el procedimiento de infracción INFR (2022) 4121.

Según ha explicado Martínez Mus, las autonomías recuerdan que este procedimiento cuestiona la compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea de diversos aspectos de la normativa española de costas.

Además, muestran su preocupación por la decisión del Gobierno central de modificar únicamente el Reglamento General de Costas, aplazando la reforma de normas con rango de ley que, según señalan, también han sido señaladas por la Comisión Europea.

Las autonomías alertan de dudas jurídicas y competenciales

En el escrito remitido a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, las comunidades autónomas advierten de las dudas jurídicas, competenciales y de seguridad jurídica que, a su juicio, plantea la vía elegida para abordar la reforma normativa.

Martínez Mus ha defendido que la Comisión Europea debe conocer la posición de las administraciones autonómicas que tienen competencias directas en materias como el litoral, la ordenación del territorio, el medio ambiente, los puertos, la pesca y la acuicultura.

Las autonomías consideran que el principio de cooperación institucional exige que Bruselas pueda valorar todas las posiciones antes de resolver el procedimiento abierto contra España.

La solicitud está firmada por Vicente Martínez Mus, por parte de la Generalitat Valenciana; Adolfina Martínez Guirado, consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Andalucía; Ángeles Vázquez, conselleira de Medio Ambiente e Cambio Climático de Galicia; Jorge García, consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial de Murcia; Juan Manuel Lafuente, conseller del Mar y del Ciclo del Agua de Baleares; y Roberto Media, consejero de Fomento, Vivienda y Ordenación del Territorio de Cantabria.

El documento concluye reclamando al Ministerio que remita estas alegaciones a la Comisión Europea para que formen parte del expediente y quede constancia de que representan la posición institucional de la mayoría de las comunidades autónomas españolas con litoral.