La Generalitat Valenciana ha reclamado al Estado la adopción de medidas urgentes para garantizar el correcto funcionamiento de la Plataforma de Intermediación de Datos, una herramienta esencial que permite a las administraciones públicas consultar información oficial sin exigir a ciudadanos y empresas la presentación de documentos que ya obran en poder de otras administraciones.

La petición se ha formalizado mediante un informe remitido a la Agencia Estatal de Transformación Digital, en el que se detallan las deficiencias detectadas en el servicio de soporte del Centro de Atención a Integradores y Desarrolladores (CAID), encargado de gestionar incidencias y autorizaciones relacionadas con esta plataforma.

Según la Generalitat, los problemas registrados están afectando directamente al funcionamiento ordinario de las administraciones públicas y comprometen el ejercicio efectivo de un derecho recogido en el artículo 28 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común: el derecho de la ciudadanía a no presentar documentación que ya esté en poder de la Administración.

Más de 38 millones de consultas al año en la Comunitat Valenciana

La Plataforma de Intermediación de Datos permite verificar de forma automática información como la identidad de las personas, datos de empadronamiento, situación tributaria, información de la Seguridad Social, títulos académicos, discapacidad, familia numerosa o datos catastrales, entre otros.

Gracias a este sistema, las administraciones pueden agilizar procedimientos y reducir la carga burocrática para ciudadanos y empresas.

La Generalitat realiza cada año más de 38 millones de consultas interoperables a través de esta infraestructura digital, convirtiéndola en uno de los pilares fundamentales de la administración electrónica en la Comunitat Valenciana.

Retrasos que afectan a ayudas, becas y licencias

El informe remitido al Gobierno central advierte de importantes demoras tanto en la resolución de incidencias como en la autorización de accesos a determinados servicios de verificación de datos.

Según ha explicado el director general de Simplificación Administrativa, Fran Ortega, estos retrasos están dificultando la puesta en marcha de nuevos procedimientos y afectando a otros ya existentes que dependen de la consulta automática de información.

Entre los expedientes afectados figuran becas universitarias, ayudas a comunidades de regantes, subvenciones para innovación educativa, ayudas deportivas, licencias de pesca, procedimientos agrarios, ayudas sanitarias y numerosos trámites gestionados por entidades locales de la Comunitat Valenciana.

Ortega ha señalado que la situación genera una importante contradicción administrativa, ya que muchos procedimientos han sido diseñados precisamente para evitar que el ciudadano tenga que aportar determinada documentación. Sin acceso a los sistemas de interoperabilidad, la Administración necesita verificar los requisitos exigidos, pero tampoco resulta coherente volver a exigir documentos cuya aportación había sido eliminada por la normativa vigente.

Un coste potencial de 140 millones de euros al año

La Generalitat también ha calculado el impacto económico que tendría sustituir las consultas automáticas por verificaciones manuales.

Según las estimaciones incluidas en el informe, solo en la Comunitat Valenciana esta situación supondría más de 6,3 millones de horas de trabajo administrativo adicional y un coste interno cercano a los 140 millones de euros anuales.

Además, el Consell alerta de que una degradación prolongada de estos servicios podría afectar a la seguridad jurídica de los procedimientos, ralentizar la implantación de nuevas políticas públicas y deteriorar la confianza de la ciudadanía en los servicios públicos digitales.

Solicitud de medidas urgentes al Estado

Ante este escenario, la Dirección General de Simplificación Administrativa y la Dirección General de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han solicitado a la Agencia Estatal de Transformación Digital reforzar de forma urgente la capacidad operativa del servicio de soporte, agilizar la gestión de autorizaciones, establecer compromisos claros de nivel de servicio y mejorar la coordinación entre los equipos responsables de la plataforma y las administraciones usuarias.

“La interoperabilidad ya no es únicamente una herramienta tecnológica; constituye una infraestructura esencial para el funcionamiento de la Administración digital y para garantizar un derecho reconocido por la Ley 39/2015”, ha afirmado Fran Ortega.

La Generalitat ha mostrado además su disposición a colaborar con el Estado para implantar las mejoras necesarias que permitan garantizar la continuidad y eficacia de un servicio considerado estratégico para el conjunto de las administraciones públicas.