La Guardia Civil ha detenido a dos hombres, de 43 y 36 años, como presuntos autores de delitos contra la salud pública, receptación, falsedad documental y contra el mercado y los consumidores, por introducir en el circuito comercial pescado robado de instalaciones de acuicultura que aún contenía residuos de medicamentos veterinarios.

La investigación se inició tras detectarse la posible comercialización en la lonja de Santa Pola de pescado que, presuntamente, procedía de robos en piscifactorías. Además, existían indicios de que los ejemplares habían sido sometidos a tratamientos veterinarios y no eran aptos para el consumo humano.

Las primeras pesquisas permitieron comprobar que el día anterior se habían puesto a la venta 40 cajas de pescado, principalmente lubinas y lecholas, distribuidas posteriormente a compradores de las provincias de Alicante, Barcelona y Tarragona, además de Mallorca.

Paralelamente, los agentes tuvieron conocimiento de que una piscifactoría de San Pedro del Pinatar había denunciado el robo de unos 700 kilos de lechola, una especie que se encontraba en periodo de retirada tras haber recibido un tratamiento farmacológico. Asimismo, las lubinas comercializadas presentaban características propias de ejemplares criados en acuicultura.

Ante el posible riesgo para la salud pública, la Guardia Civil coordinó de forma inmediata la inmovilización del pescado distribuido y dio traslado de los hechos a los servicios de Salud Pública. Los análisis realizados sobre las muestras confirmaron la presencia de residuos de medicamentos en parte del producto intervenido.

La investigación determinó que los responsables habían introducido el pescado en el mercado utilizando documentación falsificada para ocultar su origen ilícito y hacerlo pasar por pescado de captura salvaje, pese a proceder de instalaciones de acuicultura.

Como resultado de la operación se recuperaron e inmovilizaron 227 kilos de lubina y lechola, evitando que el producto llegara al consumidor final. Los dos detenidos fueron puestos a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Elche, que decretó su puesta en libertad tras la práctica de las diligencias judiciales.

La operación ha sido desarrollada por el SEPRONA de la Guardia Civil de Alicante, que mantiene la investigación abierta para determinar la cantidad total de pescado sustraído y esclarecer por completo los hechos.