El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo servicio especializado para recuperar las viviendas públicas ocupadas ilegalmente en la Comunitat Valenciana. La iniciativa, que ya ha salido a licitación, pretende ofrecer una respuesta rápida y coordinada ante un problema que afecta actualmente a cerca del 13% del parque público de viviendas gestionado por la administración autonómica.

La Generalitat, a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVHA), administra más de 14.500 viviendas en la Comunitat Valenciana. Según ha explicado el jefe del Consell, la ocupación irregular impide que muchas familias vulnerables accedan a una vivienda pública pese a cumplir los requisitos y permanecer en las listas de espera.

Pérez Llorca ha señalado que esta situación se arrastra desde hace años y ha defendido la necesidad de actuar para garantizar que las viviendas públicas lleguen a quienes realmente las necesitan. Además, ha advertido de que las ocupaciones ilegales dificultan la rehabilitación de los inmuebles y generan problemas de convivencia y seguridad, especialmente por los enganches irregulares a la red eléctrica.

El nuevo servicio contará con un dispositivo de urgencias operativo las 24 horas del día, los siete días de la semana, con un tiempo máximo de respuesta de una hora desde que se comunique una ocupación o una intrusión. La empresa adjudicataria también asumirá la representación de la EVHA en los procedimientos administrativos de recuperación de viviendas, la coordinación con las fuerzas de seguridad y la supervisión de la instalación de puertas antiocupación, sistemas de alarma y otras medidas de protección.

Para desarrollar estas funciones, el contrato exige un equipo multidisciplinar integrado por un coordinador jurídico y, al menos, tres inspectores técnicos, además de los medios materiales necesarios para intervenir en cualquier punto de la Comunitat Valenciana. El servicio estará sometido a un sistema de seguimiento y evaluación para garantizar la transparencia y la eficacia de las actuaciones.

El contrato tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prorrogarse otros dos, y un valor estimado de 796.831 euros, sin incluir el IVA. Las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el 30 de julio.

Esta actuación se enmarca en la estrategia impulsada por la Generalitat contra la ocupación ilegal del parque público de viviendas. Desde comienzos de 2026 ya se adjudicó la instalación y mantenimiento de 300 sistemas individuales de alarma y seguridad, con una inversión de 4,74 millones de euros para cuatro años. Además, desde julio de 2023 se han llevado a cabo 1.231 actuaciones preventivas, entre ellas cambios de puertas, tapiados, descerrajados e instalación de 608 puertas antivandálicas, así como el refuerzo de la vigilancia privada en distintos grupos de viviendas públicas.