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Viernes, 03 de Julio de 2026 Tiempo de lectura:

Altea aprueba la regulación de las viviendas turísticas para proteger el acceso a la vivienda

Altea aprueba la regulación definitiva de las viviendas turísticas para proteger el acceso a la vivienda y ordenar el crecimiento turístico.

El Ayuntamiento de Altea ha aprobado de forma definitiva la regulación de la implantación de viviendas de uso turístico en el suelo urbano del municipio. La medida culmina un proceso iniciado en enero de 2024 con el objetivo de ordenar la actividad turística, proteger el parque residencial y garantizar un desarrollo urbano sostenible.

 

La nueva Ordenanza Complementaria 4-8 ha entrado en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante y después de recibir el informe favorable de la Dirección General de la Costa y el Mar, paso previo a su aprobación definitiva.

 

Un proceso pionero para ordenar el crecimiento turístico

 

El concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha destacado que la normativa supone un avance en la planificación urbanística del municipio.

 

Según ha explicado, la regulación no busca prohibir las viviendas turísticas, sino compatibilizar esta actividad con el derecho a la vivienda y el equilibrio urbano. Para ello, el Ayuntamiento ha desarrollado durante más de dos años un proceso que ha incluido estudios técnicos, participación ciudadana, periodos de exposición pública y la incorporación de alegaciones e informes de diferentes administraciones.

 

El procedimiento comenzó en enero de 2024 con la suspensión temporal de nuevos informes de compatibilidad para viviendas turísticas, después de que el municipio superara los 2.200 expedientes concedidos.

 

Un indicador para medir la presión sobre la vivienda

 

La nueva ordenanza incorpora el denominado Indicador de Vulnerabilidad Territorial, una herramienta técnica diseñada para analizar el impacto de las viviendas turísticas sobre el mercado residencial.

 

Este sistema tiene en cuenta factores como la presión turística, el porcentaje de viviendas principales y la densidad residencial, permitiendo clasificar las diferentes zonas urbanas según su nivel de vulnerabilidad.

 

A partir de estos criterios, el Ayuntamiento establece áreas donde podrán concederse nuevas autorizaciones y otras donde la implantación de nuevas viviendas turísticas quedará limitada o restringida.

 

Casi 500 viviendas turísticas menos desde 2023

 

Los datos municipales reflejan una reducción significativa de la presión turística residencial desde el inicio de las medidas regulatorias.

 

Según la información presentada por el Ayuntamiento, el número de viviendas turísticas ha descendido de 2.119 a finales de 2023 a 1.622 en la actualidad. Esto supone una reducción de 497 viviendas, equivalente al 23,45%.

 

Asimismo, el porcentaje de viviendas turísticas sobre el total del parque residencial ha pasado del 9,8% al 8,85%.

 

También se ha reducido el ritmo de nuevas altas. Mientras que en los años posteriores a la pandemia se registraban más de 15 nuevas viviendas turísticas al mes, actualmente la cifra se sitúa entre dos y tres altas mensuales.

 

Nuevas obligaciones y costes para la actividad

 

La regulación municipal también ha introducido una tarifa específica para la recogida de residuos de las viviendas turísticas.

 

Estos inmuebles pasan a tributar como actividad económica y no como vivienda habitual, abonando una tasa anual de 364 euros por el servicio de residuos.

 

Desde el Ayuntamiento consideran que esta medida contribuye a equilibrar el impacto que genera la actividad turística sobre los servicios públicos municipales.

 

Un modelo urbano más sostenible

 

El equipo de gobierno defiende que la nueva ordenanza permitirá avanzar hacia un modelo urbano más equilibrado y sostenible, garantizando la convivencia entre la actividad turística y las necesidades residenciales de la población.

 

Con esta aprobación definitiva, Altea se sitúa entre los municipios de la provincia que han desarrollado herramientas específicas para controlar el crecimiento de las viviendas turísticas y proteger el acceso a la vivienda habitual.

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