El texto, presentado por el conseller de Economía, Hacienda y Administración Pública, José Antonio Rovira, y la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Susana Camarero, inicia ahora su tramitación previa a la aprobación definitiva.

Rebaja fiscal para 2,7 millones de contribuyentes

La principal medida del anteproyecto es la reducción del tramo autonómico del IRPF, que beneficiará a unos 2,7 millones de contribuyentes de la Comunitat Valenciana y supondrá un ahorro fiscal estimado de 160 millones de euros.

Según explicó Rovira, la rebaja tendrá una mayor incidencia en las rentas medias y trabajadoras, especialmente entre quienes perciben entre 32.000 y 72.000 euros anuales. La reforma contempla reducciones de entre 0,2 y 0,6 puntos porcentuales en los distintos tramos, manteniendo sin cambios la tributación para las rentas superiores a 150.000 euros.

La Generalitat estima que el 72% de los beneficiarios tendrán ingresos inferiores a 30.000 euros y que el 87,3% del ahorro total se concentrará en contribuyentes con rentas inferiores a 80.000 euros.

Además, el Consell calcula que una familia con ingresos de entre 30.000 y 40.000 euros podrá ahorrar hasta 650 euros al año al sumar la rebaja del IRPF y las nuevas deducciones previstas.

Facilidades para el relevo generacional de empresas familiares

El anteproyecto también modifica el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones para facilitar la continuidad de las empresas familiares.

La reforma amplía hasta el cuarto grado de parentesco el círculo de beneficiarios que podrán acogerse a las ventajas fiscales vinculadas al relevo generacional, con el objetivo de favorecer la continuidad de negocios que representan más del 90% del tejido empresarial valenciano.

Más control en las viviendas protegidas

En materia de vivienda, la Generalitat introduce nuevas medidas para reforzar la supervisión de las promociones de VPP y garantizar una mayor transparencia en la adjudicación de viviendas.

Entre las novedades figura la obligación de que los promotores publiquen y justifiquen los criterios de selección de compradores a través de registros de solicitantes desde la fase de calificación provisional. Asimismo, se creará una comisión de valoración encargada de supervisar los expedientes de visado de las promociones.

El texto también contempla que, en las promociones construidas sobre suelo público mediante fórmulas de colaboración público-privada, pueda valorarse el arraigo o la vinculación continuada de los solicitantes con el municipio donde se ubique la vivienda.

Según la vicepresidenta Susana Camarero, estas medidas buscan reforzar la seguridad jurídica, la transparencia y las garantías para los ciudadanos que optan a una vivienda protegida.

Tras su aprobación por el Consell, el anteproyecto deberá recibir ahora los informes del Consell Jurídic Consultiu y del Consejo Económico y Social antes de continuar su tramitación parlamentaria.