El pleno del Ayuntamiento de San Vicente del Raspeig ha aprobado someter a información pública la modificación puntual número 39 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), correspondiente al plan parcial de El Pilar, cuya principal novedad es la ampliación del entorno de protección de la cañada real que atraviesa el sector mediante la creación de un gran corredor verde.

La actuación permitirá generar un bulevar de 75 metros de anchura entre la calle Cottolengo y el parque Lo Torrent, espacio que pasará a calificarse como viario de tránsito peatonal.

El alcalde, Pachi Pascual, explicó que esta reordenación responde a los informes sectoriales emitidos por la Conselleria de Medio Ambiente, que obligan a ampliar el perímetro de protección de la vía pecuaria que conecta desde el campus de la Universidad de Alicante y continúa por el sector del PAU 7 Los Urbanos.

Además del corredor principal, la modificación incorpora un segundo conector verde ecológico por la calle Zinc, desde el edificio catalogado Villa Josefina hasta la Finca El Pilar, así como una zona destinada a aparcamiento disuasorio de 2.500 metros cuadrados.

Pese a que la normativa no obliga a abrir un nuevo proceso participativo, el alcalde anunció que el Ayuntamiento someterá igualmente la modificación a información pública durante 20 días “para dar mayor transparencia y participación al proceso”.

La nueva ordenación mantiene la previsión de construir 700 viviendas en edificios de hasta siete alturas.

Cesión del ecoparque y remanentes para inversiones

La sesión plenaria también aprobó, con los votos favorables de PP, Vox y PSOE, la cesión durante 20 años de la parcela del polígono Canastell donde se ubica el ecoparque para que sea gestionado por el Consorcio de Residuos del Plan Zonal 7/A-2 Terra.

El concejal de Servicios Urbanos, Antonio Díaz, defendió que la integración en la red consorciada permitirá avanzar en economía circular y contar con un sistema “más moderno, con mejor acceso y herramientas de control y bonificación por reciclaje”.

Entre los acuerdos económicos salió adelante, con apoyo del gobierno local y abstención de la oposición, una modificación de créditos que permitirá movilizar 3,6 millones de euros procedentes de remanentes de tesorería.

El concejal de Intervención, Pablo Quintana, avanzó que parte de estos fondos se destinarán a nuevas inversiones, entre ellas la ejecución de dos nuevos pasos a nivel en la Ronda Oeste.

Continuidad del transporte urbano y nuevo modelo a demanda

El pleno aprobó asimismo la continuidad del contrato de transporte público urbano mientras se ultiman los trámites del nuevo modelo de servicio.

El edil de Transportes, Vicente Pastor, confirmó que el Ayuntamiento trabaja ya en un sistema de transporte a demanda, compatible con la red actual de autobuses y diseñado para mejorar frecuencias y cobertura según las necesidades reales del municipio.

Pastor indicó que el proceso incluye consultas y encuentros participativos para definir el futuro contrato.

Apoyo mayoritario a la educación pública

Uno de los principales debates políticos del pleno giró en torno a las reivindicaciones educativas.

La moción presentada por Compromís en apoyo a la educación pública salió adelante con los votos favorables de PP, PSOE y EU-UP, sumando 20 apoyos, mientras Vox votó en contra.

La portavoz popular, Mercedes Torregrosa, defendió el respaldo a la iniciativa al considerar que se trata de “una propuesta sin sesgo político” y expresó su deseo de que prosperen las negociaciones entre sindicatos y Conselleria de Educación.

Por el contrario, la moción presentada por el PSOE fue rechazada por PP y Vox.

Durante el debate, la edil de Vox, Yolanda Iborra, reconoció los problemas existentes en las aulas, aunque atribuyó parte de ellos a etapas anteriores y defendió un modelo educativo “basado en la igualdad, el mérito y la igualdad de oportunidades, sin adoctrinamiento”.

Torregrosa pidió “más humildad” en el debate educativo y reclamó centrar las decisiones en las necesidades del alumnado.

Rechazo a la moción sobre vivienda

No prosperó la propuesta presentada por EU-UP para activar medidas urgentes en materia de vivienda pública, estudiar inmuebles vacíos y crear nuevos órganos municipales de atención ciudadana.

La edil popular responsable de Derechos Sociales, Mariela Torregrosa, defendió que muchos de los servicios reclamados ya se prestan desde el Ayuntamiento y pidió a la ciudadanía acudir a los canales oficiales de atención.

Desde Vox, Isabel Domínguez abogó por incentivar la construcción y movilizar viviendas vacías mediante estímulos al alquiler residencial.

Luz verde a la red municipal de refugios climáticos

Sí prosperó, en cambio, la moción socialista para crear una red municipal de refugios climáticos, que obtuvo el respaldo de PP, PSOE, EU-UP y Compromís.

La iniciativa fue defendida por la edil socialista Yolanda García y recibió el apoyo del grupo popular, cuya portavoz destacó la importancia de estas medidas para proteger la salud pública ante los episodios de altas temperaturas.

Mercedes Torregrosa subrayó además la necesidad de acompañar estos espacios con campañas informativas dirigidas especialmente a colectivos vulnerables, como personas mayores y menores.

Desde Vox, el concejal Vicente Pastor consideró la propuesta difícil de aplicar y reclamó actuaciones más concretas en espacios abiertos, recordando medidas ya implantadas en el municipio, como las fuentes de agua fresca.