La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades ha defendido este martes la “plena legalidad” del proceso de renovación de los conciertos educativos en la Comunitat Valenciana tras el anuncio de una denuncia por parte de Compromís ante el Tribunal de Cuentas.

Desde el departamento autonómico aseguran que todos los expedientes se han tramitado conforme al marco normativo vigente y, especialmente, siguiendo el Decreto 75/2023 aprobado durante la anterior legislatura por el Consell del Botànic.

El director general de Centros Docentes, Jorge Cabo, ha afirmado que la actual Conselleria “se ha limitado a aplicar la ley tal y como fue aprobada anteriormente” y ha defendido la transparencia del procedimiento.

“Hemos aplicado la ley tal como nos la dejó el Consell del Botànic. Cada paso del procedimiento es público y está a disposición de cualquier instancia de control. No tenemos nada que esconder porque no hay nada irregular”, ha señalado.

Educación recuerda la renovación de 2021

La Conselleria también ha comparado el actual procedimiento con la renovación de conciertos realizada en julio de 2021 por el anterior gobierno autonómico del Botànic, bajo la gestión del entonces conseller Vicent Marzà.

Según Educación, aquella renovación mantuvo un modelo de admisión segregada por sexo pese a que la Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación (LOMLOE) ya estaba en vigor desde enero de 2021.

En cambio, el actual Consell sostiene que la renovación de conciertos se ha realizado garantizando la admisión mixta en los centros afectados, cumpliendo así el requisito que posteriormente exigió el propio Botànic.

126 millones destinados por el Botànic

La Conselleria también ha subrayado que el anterior Ejecutivo autonómico destinó 126 millones de euros a los centros concertados que ahora son objeto de crítica política.

De esa cantidad, 117 millones correspondían a conciertos educativos ordinarios y otros 9 millones derivaban, según el actual Consell, de la retirada “irregular” del concierto de Bachillerato a determinados centros.

En este contexto, Jorge Cabo ha defendido la labor del Tribunal de Cuentas y ha asegurado que el Consell afronta con tranquilidad cualquier proceso de fiscalización.

“El Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional y su trabajo es necesario en democracia. Esta Conselleria no solo no se opone, sino que lo respeta y lo apoya sin reservas”, ha indicado.

Defensa de la libertad de elección

El director general de Centros Docentes ha concluido reiterando el compromiso del Consell con las familias y con la libertad de elección educativa.

“Nuestro compromiso es con cada familia, con cada alumno valenciano, garantizando la elección de centros y velando porque ningún alumno o alumna sea discriminado por ninguna razón personal o social”, ha señalado.