La Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, ha fijado los servicios mínimos para la huelga indefinida convocada en los centros docentes públicos a partir del próximo 11 de mayo, con especial atención a garantizar las evaluaciones del alumnado de 2º de Bachillerato de cara a la EBAU.

La resolución remitida a los representantes sindicales establece la presencia de personal esencial en todos los centros educativos, con criterios diferenciados según la etapa, y determina como medida principal que todo el profesorado que imparte clase en 2º de Bachillerato deberá cumplir la totalidad de su horario lectivo.

Prioridad para el acceso a la universidad

El objetivo de esta medida es asegurar que los estudiantes puedan ser evaluados correctamente en un curso considerado clave para su futuro académico. El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha subrayado que “una alteración de las evaluaciones finales podría limitar de forma irreparable la igualdad de oportunidades del alumnado”.

En este sentido, ha insistido en que la prioridad es “garantizar que ningún estudiante quede desprotegido en un momento decisivo de su vida”, al tiempo que ha asegurado que la medida no pretende limitar el derecho de huelga del profesorado, sino equilibrarlo con el derecho a la educación.

Organización de los servicios mínimos

La Conselleria ha establecido que en todos los centros públicos deberá haber al menos un miembro del equipo directivo presente. En Educación Infantil y Primaria, se fija un docente por etapa con un mínimo de uno por cada cuatro unidades, mientras que en Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional se establece un profesor por etapa y al menos uno por cada diez unidades.

En los centros de Educación Especial, se contemplan dos educadores por cada cinco unidades, y en los centros con internado se garantizarán los servicios propios de días festivos.

Equilibrio entre derechos

Desde la administración autonómica se ha recordado que el derecho a la huelga está reconocido constitucionalmente, pero que debe compatibilizarse con el derecho a la educación, considerado un servicio esencial. Por ello, los servicios mínimos buscan asegurar únicamente las actividades imprescindibles, especialmente aquellas relacionadas con la evaluación del alumnado.

La Generalitat defiende que estas medidas permiten mantener el equilibrio entre ambos derechos sin sustituir la actividad ordinaria de los centros ni neutralizar el seguimiento de la huelga.