La medida ha sido impulsada por la Generalitat Valenciana a través del área de Emergencias e Interior, con el objetivo de dar respuesta a los daños provocados por este fenómeno meteorológico extremo en la comarca de la Vega Baja.

El episodio, ocurrido el 8 de septiembre de 2025, dejó importantes consecuencias en infraestructuras municipales, servicios públicos y espacios urbanos, obligando a las entidades locales a actuar de forma inmediata.

Ayudas reventón térmico Vega Baja para reparar infraestructuras y servicios

Las ayudas aprobadas están destinadas a cubrir gastos urgentes y extraordinarios derivados de la emergencia, tanto de carácter corriente como de personal. Entre las actuaciones subvencionables se incluyen la reparación de infraestructuras municipales, la restitución de servicios públicos esenciales y las intervenciones necesarias para garantizar la seguridad ciudadana.

También se contemplan trabajos de limpieza viaria, retirada de arbolado caído y reposición de instalaciones afectadas, así como los costes asociados a la gestión de la emergencia en los días posteriores al temporal.

Los municipios beneficiarios son Redován, Cox y Callosa de Segura, donde los daños fueron especialmente significativos.

El temporal de septiembre causó graves daños en la Vega Baja

El fenómeno meteorológico registrado fue un reventón térmico o reventón húmedo, caracterizado por precipitaciones intensas en un corto espacio de tiempo y rachas de viento superiores a los 120 kilómetros por hora.

Este episodio provocó la caída masiva de árboles, daños en instalaciones deportivas, alumbrado público, redes de saneamiento y mobiliario urbano, afectando de forma generalizada a los servicios municipales.

La magnitud de los daños obligó a los ayuntamientos a asumir gastos imprevistos que superaban su capacidad presupuestaria ordinaria, lo que ha motivado la aprobación de estas ayudas excepcionales por razones de interés público, social y económico.

Desde el Consell se subraya que estas subvenciones serán compatibles con otras ayudas o indemnizaciones que puedan recibir los municipios, siempre dentro del límite del valor real de los daños ocasionados.