El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado que la Generalitat recurrirá ante los tribunales el decreto del Gobierno para la regularización extraordinaria de migrantes, al considerarlo “irresponsable” y un riesgo para el sistema social y sanitario.

Durante la sesión de control en Les Corts, el jefe del Consell ha asegurado que la medida “pone en peligro el sistema sanitario y de políticas sociales” de la Comunitat Valenciana, y ha avanzado que el Ejecutivo autonómico “dará la batalla política y legal” para frenarla.

Críticas al reparto de menores migrantes

Pérez Llorca ha señalado que, a 31 de marzo, la Comunitat Valenciana atiende a 595 menores migrantes no acompañados, cumpliendo con la normativa vigente.

Sin embargo, ha denunciado que el nuevo sistema planteado por el Gobierno central implicaría la llegada de 1.900 menores adicionales sin financiación, recursos ni infraestructuras, lo que, según ha indicado, tensionaría el sistema autonómico de protección, que dispone de unas 1.800 plazas.

El president ha criticado que este reparto responde a “intereses políticos” y ha acusado al Ejecutivo central de “mercadear con el drama de los menores migrantes”.

Recurso judicial contra el decreto

El máximo responsable del Consell ha insistido en que la regularización masiva “responde a un tema electoral” y se ha aprobado, según ha indicado, “en contra del criterio de múltiples instituciones”.

Por ello, ha reiterado la intención de la Generalitat de recurrir el decreto en los tribunales, con el objetivo de defender los intereses de la Comunitat Valenciana.

Reivindicación de financiación y gestión autonómica

Durante su intervención, Pérez Llorca también ha criticado la situación de infrafinanciación que, a su juicio, sufre la Comunitat Valenciana, señalando la falta de instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica o el Fondo de Nivelación.

Asimismo, ha defendido que las políticas migratorias deben abordarse en los países de origen y ha advertido de que “acumular menores sin recursos suficientes puede generar problemas tanto para los migrantes como para la población”.

Defensa de la “política útil” con medidas económicas

El president ha contrapuesto esta situación con lo que ha denominado “política útil”, destacando acuerdos alcanzados con sindicatos y patronal para movilizar 421 millones de euros en ayudas dirigidas a familias y empresas valencianas ante el impacto de la guerra de Irán.

Entre otras medidas, ha resaltado:

• Programas de apoyo a jóvenes para la adquisición de vivienda
• Impulso a la vivienda protegida
• Incremento de ayudas a la innovación y promoción del valenciano
• Refuerzo del sistema sanitario con nuevas inversiones

También ha subrayado que la Comunitat Valenciana lidera el crecimiento del empleo, especialmente en los ámbitos femenino y juvenil, así como la creación de empresas y autónomos.