Mª Cristina Clemente Buendía, notaria en Alicante. Una notaria de Alicante explica por qué la prórroga de alquiler no sería válida si el Decreto decae
La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía explica que la prórroga de hasta dos años en contratos de alquiler solo será efectiva si el decreto aprobado por el Gobierno es validado por el Congreso en el plazo de un mes.
La notaria de Alicante María Cristina Clemente Buendía ha advertido de que la reciente medida del Gobierno que permite prorrogar contratos de alquiler hasta dos años podría quedar sin efecto si no es convalidada por el Congreso en el plazo legal establecido.
El decreto, en vigor desde el pasado 21 de marzo, contempla la posibilidad de extender contratos cuya finalización esté prevista entre esa fecha y el 31 de diciembre de 2027, aunque su aplicación presenta importantes condicionantes jurídicos.
Una prórroga no automática
Según explica la notaria en un vídeo en Instagram, la prórroga no se aplica de forma automática, sino que debe ser solicitada por el arrendatario. Además, no afecta a contratos de temporada, alquileres por habitaciones ni a viviendas situadas en zonas tensionadas.
Tampoco será aplicable si el propietario necesita la vivienda para uso propio o de familiares, o si se firma un nuevo contrato con una renta inferior.
Condicionada a la convalidación
Uno de los aspectos clave, según Clemente, es que el arrendador no está obligado a aceptar la prórroga hasta que finalice el contrato vigente o sus extensiones legales.
Pero, sobre todo, subraya que la medida depende de su convalidación parlamentaria. En el sistema jurídico español, los decretos deben ser ratificados por el Congreso en un plazo máximo de un mes para mantener su vigencia.
Limitado a contratos vencidos en ese periodo
En caso de no ser aprobado, el decreto perdería validez, lo que limitaría su aplicación únicamente a aquellos inquilinos que hayan solicitado la prórroga dentro de ese primer mes y cuyos contratos vencieran en ese mismo periodo.
De este modo, la notaria advierte de que el alcance real de la medida podría ser muy reducido si no supera el trámite parlamentario, generando incertidumbre tanto para inquilinos como para propietarios.
