Coche de la Guardia Civil realizando recarga eléctrica. JUCIL denuncia en Alicante la paralización de patrullas de la Guardia Civil por el “caos” en los puntos de recarga eléctrica
En Alicante, la asociación profesional JUCIL denuncia que varias patrullas de la Guardia Civil permanecen inmovilizadas por el “caos” en los puntos de recarga eléctrica. La falta de autorización para usar cargadores ya instalados obliga a utilizar enchufes domésticos y retrasa la operatividad de los vehículos durante más de un día.
La asociación profesional JUCIL ha presentado un escrito en el que alerta sobre la situación que atraviesa la flota de vehículos eléctricos de la Guardia Civil en Alicante, afectada por retrasos administrativos y fallos en la puesta en marcha de los puntos de recarga. Según la organización, la falta de previsión y la “deficiente gestión” de la Dirección General y del Ministerio del Interior ha dejado a numerosas unidades sin vehículos operativos, pese a disponer de personal para prestar servicio.
JUCIL explica que desde 2022, cuando comenzó el despliegue de vehículos 100% eléctricos, el plan de implantación de Puntos de Recarga se ha convertido en un “laberinto burocrático” marcado por contratos fallidos, cambios continuos de empresas instaladoras y problemas en el suministro eléctrico. El resultado es la existencia de “instalaciones fantasma” en distintos cuarteles: cargadores ya instalados pero sin autorización para su uso.
Ante esta situación, los agentes se ven obligados a cargar los vehículos en enchufes domésticos convencionales, un proceso que puede superar las 24 horas para obtener autonomía suficiente para servicios cortos. A ello se suma la retirada progresiva de los vehículos de combustión, sin reposición efectiva, lo que agrava la falta de medios.
Menos patrullas disponibles en los municipios
La asociación advierte de que esta situación tiene un impacto directo en la seguridad ciudadana. Los jefes de unidad se encuentran con vehículos eléctricos inmovilizados y sin posibilidad de nombrar servicios de prevención, lo que reduce la presencia policial en las calles. Desde JUCIL califican la situación de “inadmisible” al existir tecnología e infraestructura ya instalada pero no operativa por falta de autorizaciones o tarjetas de control.
Los problemas también están vinculados al cambio masivo de puntos de suministro a comercializadoras de último recurso, lo que mantiene bloqueadas las modificaciones de potencia necesarias para poner en funcionamiento los cargadores.
Peticiones urgentes para desbloquear la situación
JUCIL reclama tres medidas inmediatas: la autorización para usar todos los puntos de recarga instalados, la agilización en la entrega de tarjetas de identificación necesarias para gestionar la carga y la puesta en marcha de un plan de contingencia que garantice que ninguna patrulla quede inmovilizada por falta de un vehículo operativo.
La asociación recuerda que la seguridad pública “no puede depender de la gestión deficiente de un expediente administrativo” y que los agentes necesitan medios adecuados para ejercer su labor con garantías.
JUCIL, primera asociación en representación de la Guardia Civil
Con más de 15.000 miembros, JUCIL es la asociación profesional más representativa de la Guardia Civil. Sus principales objetivos son la equiparación salarial con otros cuerpos policiales, la mejora de las condiciones laborales y la defensa de un despliegue eficaz y dotación adecuada del cuerpo en todo el territorio.







