89 viviendas registradas y 46 sin empadronados en Les Naus de Alicante
El informe policial sobre la promoción de VPP en Les Naus de Alicante revela 89 viviendas registradas como monoparentales, 46 sin empadronados y varios casos de familiares adjudicatarios. El Ayuntamiento traslada el expediente a la Conselleria y abre tres investigaciones internas.
El Ayuntamiento de Alicante ha remitido a la Conselleria de Vivienda el informe elaborado por la Policía Local sobre la promoción de VPP en la urbanización Les Naus, situada en la zona de La Condomina. El documento, encargado por el alcalde Luis Barcala, tiene como finalidad verificar ‘in situ’ quiénes residen en estos inmuebles de protección pública y esclarecer si se han producido posibles irregularidades en el proceso de adjudicación y ocupación.
El informe revela que 89 de las 140 viviendas figuran como monoparentales, aunque en al menos 20 de esos pisos los agentes constatan que residen más personas. Además, en el momento de la inspección, 46 inmuebles no contaban con ningún residente empadronado, si bien esto no implica que no puedan formalizar el trámite en fechas próximas.
Más de una decena de casos con familiares adjudicatarios
Uno de los aspectos más llamativos del informe es la detección de más de una decena de casos en los que varios miembros de una misma familia resultaron adjudicatarios de distintas viviendas. Entre ellos, destaca el caso de cinco jóvenes, presuntamente tres hermanos y dos primos, con edades comprendidas entre los 18 y 24 años, cada uno beneficiario de un piso en la misma promoción.
La portavoz del equipo de Gobierno, Cristina Cutanda, ha solicitado a la cooperativa promotora que explique “con todo detalle” los criterios y el procedimiento de selección de los cooperativistas. Cutanda ha cuestionado cómo se produjo la inscripción de algunos adjudicatarios dada su edad y si la normativa permite el acceso en estas condiciones a una vivienda de protección pública.
Asimismo, se ha detectado otro caso en el que una persona comparte apellido con otros dos jóvenes de 19 y 22 años que también accedieron a sendos inmuebles, lo que eleva las sospechas sobre la concentración de adjudicaciones en determinados núcleos familiares.
Viviendas sin titular residente y buzones saturados
La inspección policial también ha constatado seis viviendas en las que no reside el titular adjudicatario y en las que viven hasta 12 personas distintas. Según la normativa de vivienda protegida, el propietario debe ocupar el inmueble en un plazo máximo de seis meses desde la firma de la escritura y, en caso de alquiler, contar con autorización expresa de la Conselleria.
En paralelo, 26 buzones presentan acumulación visible de correspondencia y publicidad sin recoger, lo que podría indicar una ocupación no habitual de los pisos. Además, en algunas viviendas con personas empadronadas no se ha podido verificar la residencia efectiva.
La abundancia de viviendas monoparentales en Les Naus registradas oficialmente constituye otro de los rasgos destacados del informe, que ahora deberá ser analizado por la Generalitat Valenciana para determinar si procede la apertura de actuaciones adicionales.
Tres expedientes informativos abiertos
Tras la Junta de Gobierno, el portavoz adjunto, Manuel Villar, ha informado de la apertura de tres expedientes informativos: uno que afecta a dos técnicos del área de Urbanismo, otro a la jefa de Contratación y un tercero relacionado con el acceso a información reservada.
El Ayuntamiento ha reiterado que sus competencias se limitaron a la venta del solar y la licitación de la obra, mientras que la adjudicación correspondía a la cooperativa, bajo la supervisión de la administración autonómica.
Supervisión sobre las viviendas monoparentales Les Naus
El caso de las viviendas monoparentales en Les Naus ha generado un intenso debate político y administrativo en Alicante, al tratarse de un proyecto de vivienda protegida destinado a facilitar el acceso a colectivos con necesidades específicas.
El consistorio ha agradecido el trabajo de la Policía Local y ha recordado que trasladó los hechos a la Fiscalía desde el momento en que tuvo conocimiento de posibles irregularidades. Ahora será la Conselleria de Vivienda la encargada de valorar el contenido del informe y adoptar las medidas que considere oportunas.
La situación abre interrogantes sobre los mecanismos de control en las promociones de VPP y sobre la necesidad de reforzar la transparencia en los procesos de adjudicación.







