Amplio respaldo político al convenio para sancionar pisos turísticos ilegales en Alicante
La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este viernes con amplio respaldo político la propuesta de adhesión al convenio que permitirá al consistorio asumir competencias sancionadoras en materia de viviendas de uso turístico (VUT). El acuerdo, que se debatirá en el próximo Pleno municipal, ha contado con los votos a favor de PP, PSOE y Vox, mientras que Compromís y Esquerra Unida se han abstenido.
La iniciativa permitirá al Ayuntamiento incoar, tramitar y resolver procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves relacionadas con el uso turístico de viviendas. De mantenerse los votos favorables en el Pleno, la propuesta sumaría 26 de los 29 votos de la Corporación municipal, garantizando así su aprobación.
“Medida clave contra la actividad ilegal”
El vicealcalde y concejal de Urbanismo, Manuel Villar, ha valorado positivamente el consenso alcanzado y ha subrayado que se trata de “una propuesta de vital importancia para optimizar el control de las infracciones en materia de vivienda turística y acabar con la actividad ilegal en Alicante”.
La medida forma parte del paquete de actuaciones que el Ayuntamiento está desplegando para regular y ordenar el uso turístico de inmuebles, junto con la moratoria vigente en la concesión de nuevas licencias para VUT y la tramitación de la Modificación Puntual N.º 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que plantea una nueva regulación de estos alojamientos.
Convenio con la Generalitat y la FVMP
El convenio al que se adhiere Alicante ha sido promovido por la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, en colaboración con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). El objetivo es dotar a los municipios de capacidad para actuar directamente ante irregularidades en las viviendas turísticas, sin depender exclusivamente de la administración autonómica.
Previsión económica: 8,8 millones en cinco años
La propuesta se basa en informes técnicos favorables del Servicio de Economía y Hacienda, que avalan la estabilidad presupuestaria, así como del Servicio Jurídico municipal, que confirma que no existen impedimentos legales para la tramitación del convenio.
En cuanto al impacto presupuestario, se estima que la asunción de estas competencias supondrá ingresos de 8,8 millones de euros en cinco años derivados de las sanciones. El incremento en la carga de trabajo se calcula en un 20 %, pero no implicará aumento de plantilla. Según el informe técnico del departamento de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles, el refuerzo se hará mediante redistribución de personal existente o incorporación de efectivos ya previstos en procesos selectivos en marcha.
Esta planificación permitirá afrontar el nuevo volumen de trabajo sin impacto en los gastos municipales, garantizando así la viabilidad operativa y presupuestaria de la medida.
Hacia un modelo turístico más sostenible
Con esta medida, Alicante busca avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible y ordenado, que permita compatibilizar la actividad turística con la convivencia vecinal y el acceso a la vivienda. La capacidad de sancionar directamente a los operadores ilegales reforzará la eficacia de la gestión local y dará respuesta a una de las preocupaciones urbanas más señaladas en los últimos años.
