Alicante llevará a Pleno la adhesión al convenio para sancionar infracciones de pisos turísticos
El Ayuntamiento de Alicante elevará este mes al Pleno municipal la propuesta de adhesión al convenio marco que permitirá al consistorio asumir las competencias sancionadoras en materia de viviendas de uso turístico (VUT). La iniciativa será debatida previamente en la Comisión de Urbanismo de este viernes y supone un paso decisivo en la estrategia municipal de regulación y ordenación de la actividad turística en la ciudad.
El convenio se formaliza entre la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y habilita al Ayuntamiento de Alicante para incoar, tramitar y resolver procedimientos sancionadores por infracciones leves, graves y muy graves relacionadas con pisos turísticos.
Control de irregularidades y sostenibilidad turística
El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha destacado la relevancia de esta adhesión:
“Este convenio es un paso más en nuestra estrategia de regulación y ordenación de la actividad turística, que nos garantizará el control y los medios para perseguir las irregularidades”.
Villar ha subrayado que asumir estas competencias permitirá evitar el desarrollo ilegal de viviendas turísticas y reforzará otras medidas ya adoptadas por el consistorio, como la moratoria en la concesión de nuevas licencias de VUT y la Modificación Puntual nº 52 del Plan General de Ordenación Urbana, que establece una nueva regulación de los alojamientos turísticos en Alicante.
Horizonte de cinco años y aval técnico y jurídico
La propuesta de adhesión se plantea con un horizonte temporal inicial de cinco años y cuenta con informes favorables del Servicio de Economía y Hacienda, que avalan la estabilidad presupuestaria, y del Servicio Jurídico municipal, que certifica que no existe inconveniente legal para la tramitación y aprobación del convenio.
Impacto presupuestario y carga de trabajo
Un informe técnico del departamento de Inspecciones, Sanciones y Conservación de Inmuebles, dependiente de la Concejalía de Urbanismo, analiza el impacto de asumir estas nuevas competencias. Según el documento, entre 2023 y 2025 se han incoado 418 expedientes de infracción urbanística relacionados con viviendas turísticas, confirmándose la infracción en el 80 % de los casos tras las inspecciones. En el 90 % de esos expedientes se inicia posteriormente un procedimiento sancionador.
El informe estima que la adhesión al convenio supondrá un incremento del 20 % en la carga de trabajo del departamento, aunque precisa que no tendrá impacto en el presupuesto de gastos, ya que el refuerzo de personal se realizará mediante redistribución de efectivos existentes o procesos selectivos ya en marcha.
En cuanto a los ingresos, los técnicos calculan un impacto económico positivo de 8.845.650 euros en los cinco años de vigencia del convenio, en función de la tipología y gravedad de las infracciones detectadas, muchas de ellas derivadas de actuaciones de la Policía Local de Alicante.
Próximos pasos
La adhesión al convenio se debatirá en la Comisión de Urbanismo y, si recibe el visto bueno del Pleno municipal, el Ayuntamiento de Alicante presentará formalmente la solicitud ante la Dirección General de Turismo, paso previo a la entrada en vigor de estas nuevas competencias sancionadoras.
