Nuevo decreto de convivencia educativa en la Comunitat Valenciana

La Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo ha puesto en marcha este miércoles el nuevo decreto de convivencia en el sistema educativo valenciano, una norma que refuerza la protección del alumnado, especialmente el más vulnerable, endurece la respuesta frente al acoso y el ciberacoso y consolida la autoridad docente, al tiempo que establece un marco normativo actualizado para garantizar entornos educativos seguros, inclusivos y respetuosos.

La consellera Carmen Ortí ha destacado que el decreto responde “a una demanda del colectivo docente y de las familias ante el aumento de la violencia y el ciberacoso en los últimos años” y ha subrayado que se trata de uno de los marcos normativos “más avanzados de España en materia de convivencia escolar”, fruto de un proceso participativo con aportaciones de la comunidad educativa y social.

Mayor protección al alumnado vulnerable y endurecimiento frente al acoso

Entre las principales novedades, la norma incorpora una vertiente inclusiva que refuerza la protección de las víctimas, especialmente del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo o en situación de vulnerabilidad, circunstancia que pasa a considerarse agravante en la gradación de responsabilidades disciplinarias.

El decreto endurece además la respuesta frente al acoso escolar y el ciberacoso, regula el uso de dispositivos móviles en los centros educativos —permitiéndolo únicamente con fines didácticos recogidos en el proyecto educativo o por motivos de salud justificados— y simplifica los procedimientos disciplinarios para hacerlos más ágiles y eficaces.

Coordinación de bienestar y reconocimiento de la autoridad docente

La nueva normativa consolida la figura de la coordinación de bienestar y protección, que deberá contar con dedicación exclusiva en los centros. Bajo la supervisión de la dirección y en coordinación con los servicios de orientación, esta figura será clave en la prevención y actuación ante situaciones de violencia, así como en la colaboración con Servicios Sociales, salud mental infanto-juvenil y otros recursos del entorno.

Paralelamente, el decreto reconoce expresamente la autoridad del profesorado, otorgándole protección jurídica y considerando falta grave cualquier agresión, injuria u ofensa cometida contra docentes en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, incorpora medidas educativas provisionales, procedimientos conciliadores basados en la mediación y la tramitación urgente de expedientes disciplinarios en los casos más graves, garantizando la seguridad jurídica.

La gestión administrativa se verá reforzada con un módulo específico en la plataforma ITACA, que permitirá el seguimiento digital de los procedimientos y contribuirá a reducir la carga burocrática en los centros.

Educación abre la negociación para mejorar las condiciones laborales del profesorado

Coincidiendo con la entrada en vigor del decreto, la consellera Carmen Ortí ha iniciado una ronda de reuniones con los sindicatos educativos para establecer un calendario de negociación destinado a mejorar las condiciones laborales del profesorado, en una clara apuesta por el diálogo y el consenso.

Ortí ha trasladado a los representantes sindicales la disposición de la Conselleria a abordar cuestiones como la mejora retributiva, la recuperación del poder adquisitivo y la optimización del sistema educativo, al tiempo que ha reclamado el apoyo del sector en la exigencia de una financiación autonómica justa, que permita avanzar en ratios y salarios.

Mejora de ratios, plantillas y defensa de la libertad educativa

Durante los encuentros también se han abordado la mejora de las ratios en las aulas, la reducción de la jornada lectiva ya aplicada y el refuerzo de las plantillas docentes. En el curso 2025-2026, la Comunitat Valenciana cuenta con 83.592 docentes, de los que 67.858 pertenecen a la enseñanza pública, la cifra más alta registrada hasta la fecha.

La consellera ha defendido asimismo la Ley de Libertad Educativa, en vigor este curso, como una herramienta para garantizar la libertad de elección de las familias, la protección del valenciano y el derecho del alumnado a ser evaluado en cualquiera de las lenguas oficiales, además de reforzar la atención al alumnado con necesidades específicas.