Detenido en Dénia por apropiarse de 189.500 euros tras vender una vivienda con poderes notariales

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Dénia a un hombre de 43 años acusado de un delito de apropiación indebida, al quedarse con 189.500 euros procedentes de la venta de una vivienda que realizó utilizando poderes notariales otorgados por el verdadero propietario.

Según fuentes policiales, la investigación comenzó tras la denuncia del dueño del inmueble, quien explicó que, mientras se encontraba fuera de España, autorizó al ahora detenido para que gestionara la venta de su vivienda en Dénia. A su regreso, descubrió que la propiedad había sido vendida sin que se le hubiera informado ni entregado el importe pactado.

Solo recibió 22.000 euros de los 201.000 pactados

El denunciante indicó que la vivienda se había vendido por 201.000 euros, de los cuales únicamente recibió una transferencia de 22.000 euros tras varios meses de insistencia. Al reclamar el resto del dinero, el detenido le dio evasivas y posteriormente confesó que había utilizado el dinero para comprar una vivienda en su país de origen, la cual se encontraba reformando, y por ese motivo no podía devolver el importe restante.

Ante la gravedad de los hechos, agentes de Policía Judicial iniciaron una investigación que permitió identificar plenamente al sospechoso, que fue localizado y arrestado en la misma localidad de Dénia. El hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia, donde deberá responder por la presunta comisión de un delito de apropiación indebida.

El uso de poderes notariales en transacciones inmobiliarias

Este tipo de estafas pone el foco en el uso indebido de poderes notariales, una herramienta legal que puede ser aprovechada para cometer fraudes si no se supervisa adecuadamente. Desde la Policía Nacional recuerdan la importancia de comprobar las gestiones realizadas mediante apoderamientos, especialmente en operaciones de elevado valor económico y cuando el poderdante se encuentra en el extranjero.

El caso sigue bajo investigación y no se descarta la posibilidad de que se adopten medidas judiciales para recuperar los fondos desviados y determinar posibles responsabilidades civiles.