Nuevas reglas del Tajo-Segura en el punto de mira por su impacto en Alicante
El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha mostrado su rechazo a la aprobación de las nuevas reglas de explotación del trasvase Tajo-Segura, asegurando que se han adoptado “sin respaldo técnico, sin diálogo real y sin escuchar a los regantes ni a las comunidades autónomas afectadas”. Según ha apuntado, las modificaciones “ponen en riesgo décadas de equilibrio hídrico y el futuro de miles de familias vinculadas al sector agrícola del sureste español”.
Barrachina ha advertido de que la aplicación del nuevo marco regulador “convertirá la huerta de Alicante en desierto”, al considerar que limita de manera significativa los recursos destinados al regadío. El conseller ha defendido que decisiones de este alcance “no pueden obedecer a criterios políticos”, sino sustentarse en “informes rigurosos, expertos y transparentes”.
Reunión con regantes y alcaldes afectados
Las declaraciones se han producido durante un encuentro en el que han participado regantes y alcaldes afectados por los recortes en el trasvase, acompañados por la directora general del Agua y Desarrollo Rural, Sabina Goretti Galindo, y el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez.
Barrachina ha asegurado que la Generalitat “defenderá cada gota de agua que corresponde a nuestros agricultores”, al tiempo que ha denunciado que el Gobierno central sigue enviando a Portugal “volúmenes muy superiores a los solicitados”. Según ha señalado, actualmente “se remiten 6.000 hm³ por decisión del Gobierno de Pedro Sánchez, a los que ahora se suman 100 hm³ adicionales que Portugal ni pide ni necesita”. Por ello, ha reclamado una revisión urgente para “garantizar una gestión hídrica justa y equilibrada”.
En la misma línea, ha afirmado que el Ejecutivo central “prefiere Portugal inundado que Alicante regado”, insistiendo en la necesidad de preservar la viabilidad del regadío en el sureste español.
La Diputación advierte de impactos económicos y ambientales
El presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha compartido la preocupación por el impacto de las nuevas reglas de explotación. A su juicio, las medidas “suponen un nuevo mazazo para el trasvase Tajo-Segura, poniendo en serio riesgo su viabilidad”, y ha acusado al Gobierno de promover una política del agua “alejada del interés general y del principio de solidaridad”.
Pérez ha señalado que el aumento de los caudales ecológicos y la reducción de aportes disponibles para riego tendría repercusiones directas en la economía provincial, con “pérdidas millonarias, destrucción de miles de empleos y una mayor desertificación”. Además, ha asegurado que la Diputación “articulará todos los mecanismos necesarios” para defender los intereses hídricos de la provincia.
El dirigente ha destacado, además, la coordinación actual entre la Diputación y la Generalitat, que actúan “de la mano” en la defensa del trasvase frente a cambios que consideran “sectarios y sin rigor técnico”.
