Investigadas 64 personas por construcciones ilegales en Alicante
La Guardia Civil ha desarrollado en la provincia de Alicante la operación Urbanitas, una actuación en materia de ordenación del territorio que ha concluido con la investigación de 64 personas por su presunta implicación en delitos contra el urbanismo. A algunos de los implicados se les atribuyen también delitos de falsedad documental y contra la Hacienda Pública.
La investigación se inició en octubre del pasado año tras denuncias de asociaciones vecinales, particulares y actuaciones de oficio. Las pesquisas se han centrado en las partidas de El Moralet, El Verdegás, La Cañada del Fenollar, La Alcoraya y Fontcalent, donde se localizaron parcelaciones y construcciones levantadas en suelo rústico protegido.
Según la Guardia Civil, durante más de 70 inspecciones la Patrulla de Protección de la Naturaleza (PACPRONA) constató que muchas de las edificaciones se encontraban sobre terrenos no urbanizables —algunos en zonas de rambla— donde la normativa vigente prohíbe cualquier división o construcción.
Modus operandi detectado
Los investigadores detectaron que intermediarios actuaban entre propietarios de fincas sin uso y compradores potenciales. En algunos casos, adquirían las parcelas para revenderlas posteriormente divididas —de forma documental o física— con el objetivo de obtener un mayor beneficio económico.
Los compradores firmaban contratos privados que les otorgaban un porcentaje del terreno matriz sin delimitar físicamente su ubicación, asumiendo con ello las responsabilidades legales y urbanísticas derivadas de la finca completa.
Entre los investigados hay 39 hombres y 25 mujeres, de entre 23 y 66 años, tres de los cuales habrían ejercido labores de intermediación. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Instrucción del Partido Judicial de Alicante, y las posibles infracciones urbanísticas han sido comunicadas a los organismos competentes.
Consecuencias para los compradores
La Guardia Civil recuerda que adquirir una vivienda ilegal puede implicar demolición de la edificación, sanciones económicas, daños materiales (por ejemplo, riesgo de inundación en zonas de rambla), inseguridad jurídica y suspensión de suministros básicos como agua, electricidad o gas, entre otras consecuencias.
