La Ley de Vivienda dificulta el alquiler en la Costa Blanca, según una encuesta

Una encuesta realizada por Fotocasa Research en febrero de 2025 revela que el 53% de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana opina que la Ley por el derecho a la vivienda, aprobada en mayo de 2023, ha dificultado el acceso al alquiler. Este porcentaje representa un aumento de 16 puntos respecto al año anterior, cuando solo el 37% compartía esa percepción. En contraste, un 13% cree que la normativa facilita alquilar un inmueble y el 34% se mantiene neutral.

Desde la perspectiva de los arrendadores, el 48% de los encuestados asegura que la ley complica alquilar una vivienda de su propiedad, frente al 12% que considera que lo facilita. El 40% restante no expresa una opinión definida. En lo referente a la compraventa, el 44% de los valencianos considera que la normativa dificulta adquirir una vivienda, diez puntos más que en 2024. Solo un 9% opina que la ley favorece la compra y el 47% no se posiciona. En cuanto a la venta, un 36% cree que la normativa complica este proceso, frente al 12% que la ve como una ayuda y un 52% que se mantiene neutral.

El desconocimiento sobre la normativa es elevado. Un 65% de los valencianos reconoce no estar familiarizado con la ley, frente a un 35% que sí la conoce, aunque solo un 5% dice conocerla en profundidad.

La normativa afecta a la oferta de viviendas en alquiler

La encuesta también muestra cómo la Ley de Vivienda está generando un cambio en las decisiones de los propietarios. Un 35% de los arrendadores en la Comunidad Valenciana contempla retirar una vivienda del mercado de alquiler debido al nuevo marco legal. Asimismo, un 46% estudia pasar del alquiler anual al vacacional, y otro 46% valora alquilar habitaciones en lugar de viviendas completas.

Además, un 61% de los arrendadores valencianos prevé invertir menos en la mejora de los inmuebles alquilados. Según María Matos, directora de Estudios de Fotocasa, “la ley protege a los inquilinos con contrato vigente al limitar subidas excesivas, pero ha reducido la oferta de alquiler y ha generado tensión en los precios, dificultando el acceso para nuevos inquilinos”.

Una percepción similar en el resto del país

A nivel nacional, el 49% de los inquilinos cree que la ley les dificulta alquilar un piso, frente al 36% que lo pensaba hace un año. Solo el 17% considera que la normativa facilita el alquiler y un 34% se muestra neutral. En el caso de los propietarios, el 48% afirma que la ley les dificulta alquilar su vivienda, mientras que el 11% sostiene lo contrario. El 41% no tiene una opinión clara.

En el mercado de compraventa, un 43% de los compradores señala que la normativa complica la adquisición de una vivienda, y solo un 8% la ve como una ayuda. En cuanto a los vendedores, el 31% cree que la ley complica vender su propiedad, un 12% considera que la facilita, y un 57% mantiene una postura neutral.

Reducción de la inversión y cambios en la estrategia de los propietarios

Más de un tercio de los propietarios a nivel nacional (39%) ha retirado o planea retirar una vivienda del mercado de alquiler por efecto de la Ley de Vivienda. Este porcentaje se incrementa en comunidades como Cataluña (48%) y Andalucía (47%) y se reduce en Madrid (29%) y Comunidad Valenciana (34%).

El cambio hacia el alquiler vacacional es otra tendencia en aumento: el 34% de los propietarios ya lo han hecho o se lo plantean. Esta proporción alcanza el 51% en Andalucía, el 46% en la Comunidad Valenciana, el 33% en Cataluña y solo el 24% en Madrid. A pesar de ello, el 66% de los arrendadores a nivel nacional descartan esta opción.

Por otro lado, un 28% de los propietarios ya alquilan o prevén alquilar habitaciones en lugar de viviendas enteras, seis puntos más que hace un año. Esta estrategia es más común entre los propietarios valencianos (46%), seguida de los andaluces (38%), catalanes (28%) y madrileños (21%).

Finalmente, un 47% de los propietarios a nivel nacional afirman que reducirán la inversión en mejoras de viviendas alquiladas, siendo esta cifra del 61% en la Comunidad Valenciana, 47% en Andalucía, 42% en Cataluña y 38% en Madrid.