Alquiler turístico en la Costa Blanca: más inspección y uso de la inteligencia artificial
El alquiler turístico en la Costa Blanca estará regido por una nueva legislación autonómica. El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha destacado el "diálogo y consenso" alcanzados para regular las viviendas de uso turístico en la Comunitat Valenciana, buscando "ordenar, aportar rigor y dar seguridad" a este mercado. La presentación del nuevo Decreto Ley contó con la presencia de la vicepresidenta Susana Camarero y la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Nuria Montes.
Participación de múltiples actores
Mazón explicó que el acuerdo normativo se elaboró con la colaboración de diversos sectores, incluidos sindicatos, asociaciones de consumidores, operadores, plataformas de reservas y 71 municipios turísticos. El objetivo es "encontrar el equilibrio necesario en beneficio de todos para una actividad que forma parte de nuestra oferta turística".
Hacia un turismo sostenible
El presidente aseguró que el marco legal proporcionará seguridad y certeza, promoviendo un modelo de turismo sostenible que no excluye a nadie. Resaltó que la regulación de las viviendas turísticas es parte de un modelo turístico inclusivo que "combina ofertas para todos los gustos y bolsillos".
Impacto económico del turismo
Mazón reiteró su compromiso con el sector turístico, destacando que representa casi el 16% del PIB y el empleo en la Comunitat Valenciana, y contribuye con el 12% al total del sector en España.
Orden y sensatez en la gestión turística
El nuevo decreto busca poner fin a "ocho años de desorden y ocurrencias" de las administraciones anteriores. Mazón criticó la falta de gestión anterior que permitió un crecimiento desordenado del 160% en las viviendas turísticas, generando efectos negativos. El decreto llega a tiempo para evitar que las disfunciones sociales se conviertan en problemas graves.
Regulación consensuada
El Decreto Ley respetará la autonomía municipal para limitar el uso de viviendas como alojamientos turísticos y permitirá a los ayuntamientos asumir competencias de sanción y recaudación. Se establecerá la renovación de las declaraciones responsables cada cinco años y la titularidad personal de las licencias para evitar la especulación. Además, se incrementarán las sanciones para quienes incumplan la normativa.
Innovaciones en la inspección y control
El marco normativo fijará que los propietarios de las viviendas serán responsables subsidiarios de las posibles infracciones y exigirá el cumplimiento de parámetros de calidad y habitabilidad. Se mejorarán los servicios de inspección mediante el uso de inteligencia artificial para detectar apartamentos ilegales, y se realizarán campañas de sensibilización para que los propietarios registren sus propiedades.
El nuevo decreto también fomentará la colaboración público-privada con plataformas de reservas y coordinará con ayuntamientos y cuerpos de policía para detectar viviendas irregulares.







