Alicante, a la cabeza de la Comunidad Valenciana. La provincia alicantina ha registrado un total de 7.164 expedientes de sanción desde la entrada en vigor del decreto ley aprobado el pasado mes de julio en el que se especificaban las medidas de obligado cumplimiento para frenar la expansión del coronavirus, según datos de la conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública.

A nivel autonómico, el dato global alcanza los 16.263 expedientes, contando con los más de 7.000 de Alicante, 6.261 a Valencia y 2.838 en la provincia de Castellón. Entre expedientes sancionadores y propuestas de sanción, la Comunidad Valenciana sobrepasa los 20.000 registros.

Así lo ha explicado este miércoles la consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, al término de la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integral (CECOPI) sobre la incidencia de la COVID-19 que ha encabezado el president de la Generalitat, Ximo Puig, y a la que ha asistido también la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Gloria Calero, así como máximos responsables del Ejército, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía.

En el transcurso de la reunión, Bravo ha informado que la mayor parte de las actas de infracción se debe a incumplimientos del uso de la mascarilla pero, en todo caso, «la aplicación de este régimen sancionador está teniendo el efecto disuasorio», según ha explicado la consellera.

Al respecto, Gabriela Bravo también ha explicado que la Policía Autonómica ya está visionando los vídeos de la fiesta del colegio mayor Galileo Galilei y que se está identificando a los alumnos y alumnas de dicha residencia que salen en ellos e interrogando a responsables de la residencia universitaria.

«La investigación se atiene a distintas líneas, porque tenemos que abordar desde el incumplimiento de las medidas de seguridad, al uso de la mascarilla y el mantenimiento de la distancia interpersonal» ha dicho la consellera, que ha añadido que también se dilucidará «la responsabilidad por parte de la empresa de tolerar fiestas que suponen aglomeraciones donde no se cumplen las medidas de seguridad».

Por último, en el Cecopi también se ha tratado la labor de los rastreadores del Ejército de Tierra que, según ha explicado su máximo responsable, realizan alrededor de 800 llamadas diarias.